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La amenaza del referéndum

La amenaza del referéndum

El pleno del Parlamento autonómico de Cataluña acordó el pasado 14 de marzo, la tramitación del Proyecto de Ley de Consultas Populares no Referendarias. -y no vinculantes- aprobado a finales de diciembre por el Gobierno Autonómico de Cataluña.

El gobierno catalán pretende crear una figura jurídica ad hoc que permita hacer consultas lo más parecidas a un referendo, pero intentando que los tribunales no las consideren como tales (evitando así que el Gobierno pueda vetar las consultas)

Este proyecto de ley representa una nueva amenaza del nacionalismo para intentar conseguir sus fines particulares, hecho que se evidencia en las palabras de Artur Mas, que dijo que oponerse a esta ley de consultas suponía el miedo del Gobierno a hablar de pacto fiscal o independencia.

Además el ambiguo texto intentará colar aspectos fuera de su competencia. Según el texto que ha pasado el primer trámite parlamentario, el objeto de la ley -así reza el artículo 1- es regular las consultas populares no referendarias para ‘escuchar las opiniones de la ciudadanía respecto a las actuaciones y competencias que afecten a la Generalidad de Cataluña, así como a los entes locales de Cataluña en el ámbito de sus competencias’.

Se trata de una redacción que amplía lo que dice el artículo 122 del Estatuto (la Generalidad podrá legislar y convocar consultas populares únicamente ‘en el ámbito de sus competencias’) y que es lo suficientemente ambiguo como para tratar de esquivar la jurisprudencia constitucional, que en reiteradas ocasiones ha dejado claro que las CCAA solo pueden convocar consultas sobre asuntos que sean de su competencia, y no de la Administración General del Estado.

Sobre esta amenaza ha sido preguntada la vicepresidenta del gobierno en sede parlamentaria y, Soraya Sáenz de Santamaría, contestó tajantemente a la pregunta formulada por la portavoz de UPyD sobre esta pretensión nacionalista: “El Gobierno hará cumplir la Constitución, por medio de un recurso al Tribunal Constitucional”.

Ante esta nueva amenaza y chantaje, considero adecuado que el gobierno haga cumplir la Constitución y que realice el pertinente recurso, pero hay algo más que puede hacer y considero que debe hacer.

Y esto es que se vuelvan a poner vigentes los artículos 506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal  que el gobierno de Rodríguez Zapatero derogó mediante la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal.

Estos son los artículos que imponían “pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.” A aquellos que convocaran un referéndum sobre cualquier  tema que excediera sus competencias

Consideramos que están muy ben las palabras y las buenas intenciones, pero ante la presión creciente de determinados grupos nacionalistas hay que poner en marcha las medidas oportunas que nos defiendan de este constante chantaje.

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